Marina Córdoba es una empleada municipal de Vaqueros de planta permanente quien fue noticia cuando acusó a un asesor del intendente Daniel Moreno de haberla acosado sexualmente, lejos de ser protegida por el municipio fue perseguida laboralmente a tal punto de ser enviada a hacer un tratamiento psiquiátrico y finalmente esta semana, luego de las elecciones, cesanteada, mientras se sustancian en la Justicia Salteña causas penales en contra de Daniel Romero, el asesor aparentemente protegido por el intendente.
Pareciera que Marina no pude parar de sufrir desde que, de acuerdo a la causa que se sustancia en la justicia salteña, al ganar su anterior reelección el intendente Moreno, fuera acosada sexualmente por un asesor del mismo
La empleada municipal buscó en Moreno primeramente protección ante semejante ultraje; sin embargo, lejos de hacerlo, de acuerdo a lo relatado por Marina, quien fue protegido fue el asesor.
Desde 2019, Marina indica que viene sufriendo el hostigamiento laboral, no solo de Moreno quien ante el pedido de ayuda formulado por la victima le habría contestado que “tu cuerpito genera violencia sexual” tratando de restarle importancia al tema; sino también de allegados al poder vaquereño quienes desde allí en más, tanto en el municipio como en las redes sociales, no pararon de vilipendiarla públicamente y desde el entorno del intendente siempre cuestionaron a la víctima, en clara protección del victimario.
Marina recurrió a cuanto organismo de defensa de derechos de víctimas de violencia sexual exista; pero pese a ello no encontró la reparación necesaria para este tipo de hechos. Más allá de eso, el daño psicológico que le ha venido provocando esta situación es grave y pese a que hizo todos los pasos legales que cualquier víctima debe realizar de acuerdo a las leyes vigentes, lamentablemente aún no ha encontrado respuestas positivas a su reclamo.
Si bien es cierto que ya hubo un fallo judicial en contra de Romero que marcó su alejamiento del municipio, (siguió trabajando para Moreno en el Foro de intendentes) y por el cual el municipio debía prestarle cobertura y protección laboral, desde el municipio solo atinaron a solicitarle que ella se realizara un tratamiento psiquiátrico en el Hospital Ragone el cual fue realizado por Marina . Allí también se planteó una controversia, porque al momento de recibir el alta médica, no se registraba oficialmente, de acuerdo a los dichos de Marina, el pedido del municipio; lo que demoró su presentación ante el municipio para volver a su puesto de trabajo. Dicha demora fue el motivo esgrimido por el municipio para cesantearla, ignorando todo el proceso altamente conocido que tuvo que atravesar la víctima.
Fue una de las primeras medidas que tomó Moreno una vez conocidos los resultados electorales. Cabe señalar que durante su campaña, desde sus seguidores, acusaron a Marina de querer influir políticamente en el electorado en desmedro de la candidatura del reelecto intendente; y Moreno dilató su decisión hasta concluido el acto electoral.
Al respecto, esta semana, el senador Miguel Calabró tomó la posta y en el recinto de la Cámara de Senadores advirtió que Daniel Moreno, ejerció violencia institucional contra una trabajadora que lo denunció. “Esperó los resultados del domingo y como una especie de vendetta política, aprovechó”, dijo.
Calabró manifestó que el intendente, Daniel Moreno, participó de las elecciones teniendo una denuncia por violencia de género, y que, tras los comicios firmó un decreto municipal expulsando a la mujer denunciante.
“Marina Córdoba González, fue violentada, violentada físicamente, violentada moralmente y ahora violentada institucionalmente, el intendente esperó los resultados del domingo y como una especie de vendetta política. Entonces no sólo que es un violento, no sólo que es un misógino, no sólo que es un machista, sino que además aprovecha su poder político en contra de la víctima”, expresó Calabró.
El legislador dijo que pese a que existen la Secretaría de Violencia, el Observatorio de violencia y los juzgados, “cuando suceden casos de violencia no hay un accionar rápido”.
“Quiero que este 14 de mayo no haya sido para darle carta blanca a todos los violentos, no haya sido para que nos escudemos en que la gente nos votó para, desde la institucionalidad y de la responsabilidad que nos da el pueblo salteño, aprovecharnos y ponerle el pie encima como en este caso”, disparó.
Se espera que ante esta situación los organismos de defensa de derechos de la mujer y género y la Justicia actúen prontamente, dada la grave indefensión que atraviesa la víctima. Llama poderosamente la atención que este grave hecho no haya trascendido a otro nivel y que incluso otras autoridades departamentales y provinciales no se hayan expresado hasta el momento condenando el hecho.
