Luego que salieran a la luz los casos del cobro indebido de IFE por parte de funcionarios publicos salteños, por tratarse de fondos nacionales, el Fiscal Federal, Ricardo Toranzos, intervino e inició las diligencias judiciales pertinentes a fin de determinar las responsabilidades.
La principal medida tomada por el fiscal hasta el momento fue allanar las oficinas de Anses en la ciudad de Salta a fin de evaluar todas las documentaciones obrantes en el organismo iniciándose formalmente la investigación
Recordemos que dias pasados salió a la luz uno de los escándalos políticos más grandes de los útlimos tiempos que involucra a 52 concejales de toda la provincia, un intendente y un diputado, aunque se especula que habría un número mayor de funcionarios de distintas administraciones municipales que podrían haber realizado el trámite e incluso cobrado indebidamente el Ingreso Familiar de Emergencia
Esto puso en tela de juicio no solo el aspecto ético y moral de buena parte de la clase política sino la deficiencia del sistema ya que algunos de los involucrados aducen que sus datos fueron usados por manos extrañas para realizar las maniobras que los perjudica
Las excusas de algunos funcionarios van desde que ellos no cargaron los datos, que hicieron tutoriales y que sus sueldos son bajos, sin embargo será la Justicia la que determinará si hay o no delito
Los próximos días serán cruciales para las investigaciones
El trámite del IFE reviste carácter de Declaración Jurada y en su parte pertinente menciona los delitos de estafa y falsificación de documento público. Los incumplimientos como este podrían tener una pena de un mes a 6 años.
“Cuando alguno de los delitos previstos en este Capítulo, fuere ejecutado por un funcionario público con abuso de sus funciones, el culpable sufrirá, además inhabilitación absoluta por el doble tiempo de la condena”, sostiene el Código Penal.
