Por medio de sus redes sociales, el concejal electo de Campo Quijano, Facundo Quintana Taibo, manifestó que no podrá asumir el cargo debido a un dictamen de la Justicia por la famosa causa IFE.
En su posteo, Quintana Tabio expresa que “no es una decisión tomada por mi persona”, sino que es una decisión de la Justicia “quien dictaminó que me «autoinhabilite de cargos electivos por el período de un año y medio»”
Está claro que, en realidad que al igual que otro de los implicados el electo concejal, luego de un juicio abreviado, fue condenado a no ejercer cargos públicos al menos por un año y medio. Algo que es de público y notorio ya que en su momento, la causa IFE (donde funcionarios, particularmente concejales de Salta, habían cobrado o intentado cobrar el beneficio sin que les correspondiera) y su resolución tuvo amplia repercusión social.
Llama la atención que Quintana Taibo diga que “no tenía conocimiento de ello” y en su posteo, mas allá de reconocer “tímidamente su error”, pareciera endilgar a la Justicia los motivos de su exclusión del Concejo Deliberante quijaneño
Este es el texto de su posteo:
«Queridos vecinos de Campo Quijano:
Por este medio quiero comunicar que no podré asumir el cargo de Concejal electo de mi hermoso municipio.
Ésta no es una decisión tomada por mi persona, por el contrario, es la justicia quien dictaminó que me «autoinhabilite de cargos electivos por el período de un año y medio».
Dicho dictamen es sobre el tema de público conocimiento, referido al cobro del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia).
Quiero disculparme con las personas que confiaron en mí otorgándome su voto.
Repito, ésta no es mi decisión, no tenía conocimiento de ello, de lo contrario no me habría postulado para tan importante cargo.
Hoy, como hombre de bien, me hago cargo del dictamen de la justicia, lamentando profundamente la situación y prometiendo seguir trabajando en mi puesto, incansablemente como lo vengo haciendo.
Me disculpo nuevamente.»
RECORDAMOS LA CAUSA
Un hombre que hacía fila en una dependencia de ANSeS que en la misma fila que hacía para cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) había un concejal de Campo Quijano.
La información fue tomada por medios locales y el fiscal Ricardo Toranzos inició una investigación de oficio.
Con el entrecruzamiento de datos de los inscriptos en el IFE y los funcionarios públicos se supo que el caso del concejal no era aislado: 52 legisladores de más de 20 localidades y de todos los partidos políticos, 10 funcionarios de municipios y tres gerentes del PAMI se habían inscripto para cobrar el IFE cuando no les correspondía.
Muchos de ellos llegaron a cobrar hasta dos cuotas del ingreso, mientras que otros no lo hicieron. Las causas penales avanzaron y 24 de ellos acordaron reparar el daño: entre todos debieron devolver cerca de 1.400.000 de pesos, hacer tareas comunitarias y no podrán presentarse a dos próximas elecciones. Otros irán a juicio oral y dos gerentes del PAMI fueron condenados a penas de tres años de prisión.
A los que cobraron el fiscal los acusó de los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública y violación a los deberes de funcionario público. Y a quiénes se inscribieron pero no cobraron los imputó por fraude en perjuicio de la administración pública en grado de tentativa.
De todos los imputados, 24 de ellos optaron por no seguir con una causa penal y ofrecieron probations y conciliaciones, dos figuras previstas en la ley para casos de baja escala penal. El objetivo es que el acusado repare el daño. Y así acordaron con el fiscal.
Lo que se estableció es que de esos 24 concejales a 14 se les fijó que devuelvan la plata que cobraron de IFE, que donen dos meses de su suelto a hospitales, merenderos y geriátricos de la provincia, que hagan 100 horas de tareas comunitarios en instituciones de interés públicos y que no puedan presentarse a elecciones en los próximos dos procesos electorales. A otros 14 -que no llegaron a cobrar el IFE- se les estableció que donen dos meses de su sueldo y que hagan 100 horas de trabajo comunitario. Acuerdos similares se hicieron con cinco funcionarios de otros municipios.
